La lucha política por el poder se concentra más en la distribución del presupuesto deferal, el cual se ha visto reflejada en el Congreso y en las modificaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, esto no ha traido consigo, automáticamente, una mayor rendición de cuentas en la utilización de recursos públicos. El gasto público viene disminuyendo hasta alcanzar un 22.4% del PIB en 2008, pero no es garantía de una mayor disciplina del gasto. Alrededor del 91% de este gasto público ya tiene un destino predeterminado, considerado un gasto fijo y comprometido. El restante 9% el Congreso lo redistribuye. Esto ocurre cuando el congreso revisa y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, y cuando la SHCP lleva a cabo los ajuestes y reasignaciones que generan sobre-ejercicios o subejercicios del presupuesto federal. Si bien la Ley de Fiscalización Superior de la Federación contempla la revisión y fiscalización de la cuenta pública, pero no determina si dichas adecuaciones presupuestarias deben someterse a una regulación o reglamentación estricta que evite las desviaciones de recursos en tiempos de elecciones.